La Cámara de Diputados está a punto de aprobar la más grande contrarreforma religiosa y conservadora de los últimos 150 años. Será una contrarreforma que acabará con el Estado laico tal y como lo conocemos ahora y que dará paso, aunque lo nieguen tanto los actores políticos como los religiosos, a una etapa de reformas que podrían incluir la educación religiosa en las escuelas públicas, la posibilidad para las asociaciones religiosas de poseer y administrar medios electrónicos de comunicación y la abierta participación política y electoral de los ministros de culto. La puerta que se está abriendo es una reforma al artículo 24 de la Constitución, misma que cambiaría los términos de libertad de creencias y de culto por el muy ambiguo y equívoco de “libertad religiosa”. Lo trágico es que el partido que hará esto posible será nada más ni nada menos que el PRI, el cual al parecer apoyará con sus votos el objetivo que se propusieron los dirigentes del Episcopado católico y Felipe Calderón desde 2006.

¿Por qué la jerarquía católica querría cambiar el artículo 24 constitucional? Después de todo éste, que ya se cambió hace 20 años, parecería garantizar de manera cabal la libertad de cada quien para creer lo que quiera creer y para practicar su culto respectivo, con sólo algunas restricciones mínimas provenientes de la necesidad de mantener el orden público. El artículo en cuestión sostiene: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. Se agrega que “el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” y que “los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos” y que “los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”. En suma, el artículo en su actual redacción reconoce que cada quien puede creer lo que quiera creer y practicar su religión como quiera. ¿Por qué entonces el Episcopado católico se ha propuesto cambiarlo? La respuesta es simple: porque, a pesar de negarlo, en el fondo su objetivo es la educación religiosa en la escuela pública, la posesión de medios de comunicación electrónicos, la libertad para participar abiertamente en cuestiones no sólo políticas sino electorales y porque esa noción lo que sostiene básicamente es que ningún gobierno le puede poner trabas legales a las agrupaciones religiosas para su actuación. Los obispos apenas pueden ocultar —con un doble discurso— su proyecto a mediano y largo plazo.

Hace apenas un mes, en el marco de la 92 Asamblea Plenaria de la CEM, los obispos Víctor Rodríguez y Alfonso Cortés, secretario general y responsable de la pastoral educativa de dicho organismo, respectivamente, afirmaron que “el Estado tiene la obligación de dar educación religiosa a los niños y jóvenes si sus padres de familia así lo piden”. El obispo Rodríguez Gómez habría aclarado “que la Iglesia católica no pretende dar clases en las escuelas ni modificar la Constitución para incluir la religión en la educación” y que “tampoco promoverá la educación religiosa en las escuelas, ya que se puede impartir en las parroquias y en el seno de las familias”. Sin embargo, al mismo tiempo, el obispo Rodríguez habría recordado “que el corazón de la libertad religiosa consiste en que los padres puedan inculcar la religión que prefieran” y agregó que “la iglesia laica [es decir los fieles de la Iglesia que no son miembros del clero] no tiene la misma restricción y ella sí podría emprender todo el camino legislativo para conseguir que los padres de familia puedan obtener educación religiosa para sus hijos en las escuelas”. Y como para rematar acerca de lo que están realmente señalando, los obispos católicos, al final de su conferencia de prensa “insistieron en la necesidad de que el educando reciba una educación integral que incluye su formación en los valores de la verdad, el bien y la espiritualidad”. En otras palabras, los obispos católicos quieren introducir la llamada “libertad religiosa” a la Constitución, para después poder reclamar el derecho de los padres a educar religiosamente a sus hijos en la escuela pública. Y con ello le estaríamos diciendo adiós a la escuela y la educación pública, laica y gratuita en México.

Lo peor del caso es que el Episcopado, el gobierno de Calderón y ahora hasta el PRI justifican su posición bajo el argumento de que se tienen que alinear con los tratados internacionales y el respeto a los derechos humanos en ellos incluidos. ¿Pero desde cuándo, me pregunto, recibir educación en la escuela pública se convirtió en un derecho humano? ¿Desde cuándo se volvió un derecho humano que las Iglesias puedan poseer medios de comunicación electrónicos? ¿Cuándo decidimos que las restricciones a la actuación política de los ministros de culto son violaciones a los derechos humanos? ¿Qué nos los restringe también, por ejemplo el derecho canónico de la Iglesia católica? Me pregunto si detrás de este vuelco partidista están quizá las inconfesables promesas de la próxima campaña electoral.